POR CRISTHIAN JIMENEZ.- Si Antoliano Peralta u otro dirigente del PRM fuese el Procurador General de la República sería fácil intentar la invalidación de los procesos anticorrupción con la publicación de la ficha de afiliación partidaria.
El alegato de persecución política hubiese llenado las páginas de los diarios con las primeras citaciones para investigaciones. El curso político-penal sería otro.
Con Miriam Germán a la cabeza, la situación ha sido sumamente difícil para los depredadores del erario y sus defensores públicos y soterrados.
Por eso la campaña contra la designación de la funcionaria arrancó con el alegato del riesgo de una vendetta, en alusión a la perversa puesta en escena en el Consejo Nacional de la Magistratura del entonces presidente Danilo Medina y su procurador, Jean Alain Rodríguez que intentaba el fusilamiento moral de la entonces jueza y justificar su exclusión de la Suprema Corte de Justicia. (La magistrada había hecho trizas con comentarios críticos el mamotreto de expediente del caso Odebrecht ideado con maldad política por la citada mutual).
Siguió, y permanece, ante cada paso del ministerio público el cuestionamiento de su condición de independiente, aunque no ha habido manera de vincularla partidariamente o logrado una evidencia de alguna instrucción u orden del mando político.
La reciedumbre de Germán obligó a cambios en la estrategia y entonces se giró a otros miembros del ministerio público a quienes se endilgó comportamientos ajenos a la procuradora general, con supuesta obediencia a instancias externas.
Con las cartas sobre visiones procesales y garantías de derecho de los investigados, a propósito del caso Donald Guerrero, el manejo escaló varios peldaños y fue presentado como el capítulo final de las diferencias con presagios de una inminente ruptura.
Daba la impresión de que se defendía a Germán, a la que se vería como garantía de investigados, pero en el fondo la idea era, y es, desacreditarlo todo con énfasis en las procuradurías adjuntas, como la Pepca y la dirección de Persecución.
Mientras esto ocurría se intensificaba la guerrita contra la imagen de la Cámara de Cuentas, que desde hace meses revisa auditorias maquilladas por la anterior gestión y que ha realizado investigaciones especiales, de acuerdo a la ley, a solicitud de la Procuraduría.
Además, se ha insistido en que este sería el ministerio público de mayores violaciones a los derechos de los investigados e imputados, aunque reconozco que se han continuado viejas prácticas que no se corresponden con la visión histórica de Miriam Germán. La campaña, claro, busca la descalificación, y algunos abogados y opinantes dan la impresión de que “llegaron ayer al país”, después de decenios de ausencia.
En medio del vendaval sale una asociación de fiscales, que amenazó con marchas hace poco, con una postura muy extraña y confrontacional, en una supuesta defensa de los integrantes del ministerio público y emplaza a los poderes Ejecutivo y Legislativo por actos de alguacil para forzar un aumento salarial. Rarísima búsqueda de camorra, en la víspera de una reunión pautada con mucho tiempo de antelación con la Procuradora.
Miriam Germán tildó la actuación de “inoportuna imprudente e injusta” y le anotó que no recordaba “ninguna época” en que “a los ministerios públicos se les haya reconocido y aplicado con mayor rigor los beneficios que les reconoce la ley y la normativa interna”.
Dijo que notó en la notificación vetas de arrogancia y “un trasunto de que se pretende una anarquía”.
“No se espía a nadie sin proceso, pero parecería que, tras esas, aunque legales, aspiraciones impudentes, incontrolables, puede estar algo o alguien que apueste a un comportamiento que podría llamarse de acoso y derribo”
El diablo no duerme…
